El modelo de protección y bienestar social en España no se entiende sin el sistema público de pensiones, que constituye un pilar básico. Es uno de los motivos por lo que, a lo largo de los años las autoridades políticas no han cesado de hacer frente a loa retos que pudieran poner en peligro su sostenibilidad, a través de la toma de medidas que garantizaran su buen funcionamiento.
A mediados de los 90, en un escenario de población envejecida, con un aumento de los despidos, de las jubilaciones anticipadas y del desempleo, se hacía necesario dar respuesta de algún modo a todos estos problemas que ponían en riesgo el sistema de pensiones.
Es por ello por lo que, en el año 1995, con el foco puesto en el reto de la longevidad y con una crisis económica de por medio, se constituye el Pacto de Toledo, una comisión parlamentaria cuyo objetivo consiste en analizar el estado de las pensiones y proponer medidas para la mejora del sistema.
Tal y como lo hemos presentado, el Pacto de Toledo es un consenso alcanzado entre los partidos políticos de España, cuya finalidad es el estudio de todos los problemas que afectan a las pensiones y su sostenibilidad.
Cuenta con representantes de todos los partidos políticos y permite proponer y debatir medidas para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones.
A través del Pacto de Toledo se pretenden aportar soluciones para los problemas a los que se enfrentan las pensiones públicas. Tratando así de evitar que el sistema de pensiones acabe formando parte de debates partidistas y logrando acuerdos mediante consenso.
El documento aprobado por este acuerdo describe la evolución del sistema de pensiones español, cuáles son los factores futuros que podrían afectar a dicho sistema y una serie de quince recomendaciones.
Dichas recomendaciones conformaron la evolución del sistema de pensiones, comenzando a tener efecto en 1996:
Además, en el año 1999, se creó en el Congreso de los Diputados, una Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. Su objetivo no era otro que el de excluir de la controversia partidista al sistema de protección social y encuadrarlo dentro de un debate político más sosegado y de amplio calado. Esto permitiría alcanzar el máximo nivel de acuerdo como garantía de la eficacia y la perdurabilidad de las reformas.
Esta Comisión se reúne cada cinco años y, como su nombre indica tiene por objeto el seguimiento del sistema de pensiones, así como la propuesta de recomendaciones para el mantenimiento y mejora del sistema.
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