Acuerdo del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones con el único voto en contra de Vox

ERC y Bildu se abstienen. Únicamente Vox ha votado en contra de las recomendaciones.

La Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo ha aprobado la renovación de sus recomendaciones acordadas finalmente, que serán elevadas al Pleno del Congreso donde tendrán que someterse a una nueva votación, junto a los votos particulares que decidan presentar los grupos.

Las nuevas recomendaciones han sido avaladas por el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria, mientras que Esquerra Republicana, EH-Bildu y el BNG han optado por abstenerse. Únicamente Vox ha votado en contra de las recomendaciones.

Con este acuerdo, se pone fin a un camino iniciado en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la presidencia de la ‘popular’ Celia Villalobos en la Comisión el Congreso inició el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema.

“Es un punto de partida, no de llegada”

La presidenta de la Comisión, la exministra socialista Magdalena Valerio, ha celebrado el acuerdo, subrayando que “es un punto de partida, no de llegada” y que la Comisión “va a seguir muy pendiente de que estas recomendaciones se materialicen en normas” que, “de una u otra manera tendrán que pasar por esta Comisión”.

Asimismo, ha manifestado su deseo de que esta renovación sea “rematada” en el Pleno del Congreso “cuanto antes”. “La próxima semana no hay Pleno, pero si pudiera ser en la siguiente sería estupendo para poder rematar estas tareas”, ha celebrado, recordando en todo caso que los grupos que “están a tiempo para introducir modificaciones puntuales” al texto aprobado este martes.

Reacciones

“Sin ser las que colmarían las expectativas de todos, sí que marcan un antes y después”, ha celebrado la portavoz del PSOE, Mercè Perea, que cree que el nuevo texto “va de los jóvenes” y que este consenso permitirá “una reforma clave” con “un camino”: “Pensiones dignas y suficientes y un sistema sostenible económicamente”, ha subrayado.

El portavoz ‘popular’, Tomás Cabezón, ha coincidido en el acuerdo como “punto de partida”, ha reivindicado la capacidad de su grupo para “pactar y acordar”, pero ha avisado de que en el PP no serán “ingenuos”, pues el nuevo pacto “es el marco sobre el que el Gobierno tiene que dibujar y trazar el desarrollo normativo”. “Esperemos que al artista que le toque dibujar opte por un movimiento del realismo, no del surrealismo”.

Aina Vidal, diputada de Unidas Podemos, ha recordado los tiempos que “avisaban el apocalipsis” del sistema público de pensiones y “que iba a quebrar”, por lo que ha celebrado haber “superado los buitres que acechaban”. “Son nuevos consensos para un país nuevo. “No es un acuerdo perfecto para ninguna, pero estamos orgullosas”, ha reivindicado.

Para Iñigo Barandiaran, el acuerdo responde a la necesidad de transmitir confianza a los jóvenes y ha reclamado “no rehuir el debate de los sistemas complentarios”, mientras que Pablo Cambronero, de Cs, ha cuestionado las menciones a aportaciones desde la imposición general y la falta de “ambición”, a su juicio, para “potenciar” los planes de pensiones privados. Genís Boadella, de Junts, ha celebrado la reordenación de gastos acordada y ha señalado que, “aunque quedan muchas cosas pendientes”, la Comisión abordará a retos como los cambios legales y el alcance de los sistemas complementarios en empresas con menos posibilidades.

Recordando que en otras ocasiones ERC ha votado en contra de las recomendaciones, Jordi Salvador ha justificado su abstención por mejoras introducidas, si bien ha lamentado “la mentira de que el sistema es insostenible” tras el “saqueo” de sus fondos. Así, ha expuesto que la Seguridad Social ha transferido históricamente recursos al resto del Estado y que, sin ello, esta caja para el sistema público de pensiones contendría 519.104 millones de euros “y no habría problema en financiar un aumento de los costes”

También ha defendido su abstención Iñaki Ruiz de Pinedo, de Bildu, lamentando la “falta de diagnóstico” de esta cuestión, y la ausencia de propuestas trasladadas por el movimiento de pensionistas, mientras que Néstor Rego, del BNG, ha criticado que no se recupere la jubilación a los 65 años, una pensión mínima acorde al salario mínimo y la derogación de las últimas dos reformas realizadas.

Además de las reivindicaciones políticas, los diferentes portavoces han recordado el papel jugado por los representantes de la Comisión en la penúltima legislatura, donde se fraguaron la mayoría de consensos recogidos en el acuerdo, citando la entonces presidenta del Pacto, la ‘popular’ Celia Villalobos, así como exportavoces como Carles Campuzano (PDeCAT), Sergio del Campo (Cs), Ignasi Candela (Compromís) o Gerardo Camps (PP).

Para concluir, Valerio ha celebrado haber “vuelto a ganar, al menos un poquito, de credibilidad ante la ciudadanía”. “Teníamos perdido bastante”, señalando esta renovación como “una buena manera de celebrar el 25 aniversario” del Pacto, firmado el 6 de abril de 1995, sus “bodas de plata”, ha dicho.

Asimismo, ha señalado que ahora tocará un acuerdo en el seno del diálogo social, entre Gobierno, sindicatos y patronal, pues considera que “para que las reformas sean duraderas, es fundamental el consenso”. Un consenso para el que, además, ha agradecido la disponibilidad de los diputados de ‘su’ Comisión: “Tengo que confesaros que, salvo algún momentillo puntual, me lo habéis puesto muy fácil”.

Estas son las principales recomendaciones acordadas:

RECHAZO A UNA TRANSFORMACIÓN RADICAL DEL SISTEMA

• Reconocimiento de la Seguridad Social como “columna vertebral del Estado del Bienestar, el estandarte y la seña de identidad de una sociedad moderna y cohesionada”.
• Rechazo a una “transformación radical del sistema” que rompa los principios de solidaridad intergeneracional o intrageneracional, suficiencia y equidad.
• No ve adecuado separar el sistema de pensiones en función del tipo de prestación.
• La financiación del sistema ha de adecuarse a la naturaleza de las prestaciones (las pensiones no contributivas, a través de Presupuestos Generales del Estado).
• La fuente básica de finaciación son las cotizaciones, pero para asegurar la sostenibilidad y su suficiencia se podrán obtener recursos adicionales “basados en la imposición general”.

EL ESTADO DEBE ASUMIR GASTOS

• Reconocimiento de que las políticas de empleo explican “en buena medida el déficit existente” y que las cotizaciones soportan gastos que “deberían ser asumidos por el Estado”.
• Los Presupuestos Generales del Estado deben asumir reducciones a la cotización, prestaciones asistenciales (no contributivas), ayudas a la jubilación anticipada, bonificaciones a regímenes especiales y parte de las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado del menor y complementos a la pensión.
• Calendario para reordenar gastos para acabar con el déficit y los préstamos hasta 2023.
• Estudiar qué se ha asumido indebidamente para tener “una imagen fidedigna” de la Seguridad Social.

ACTUALIZACIÓN DE LAS PENSIONES SEGÚN EL IPC

• Defensa del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
• Revalorización con arreglo al IPC real.
• Toda subida por encima del IPC se financiará con otros recursos.
• Mantener en 15 años el período mínimo de cotización necesario para acceder a la pensión contributiva.
• Asume la ampliación de 15 a 25 años para calcular la base reguladora y llama a evaluar su impacto.
• Contemplar la elección de los mejores años para calcular la pensión (evitar lagunas de cotización).
• Evaluar la progresiva ampliación del período cotizado necesario para acceder a la pensión máxima.

EDAD DE JUBILACIÓN

• Aproximar “tanto como sea posible” la edad de jubilación efectiva a la edad legal.
• Fomentar con incentivos la permanencia de trabajadores en activo con mejores incentivos y favorecer la prolongación voluntaria más allá de la edad legal (valoración positiva de compatibilizar pensión y salario).
• Analizar cuánto cuestan las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas y su impacto en la equidad de las pensiones, con especial atención a casos forzados y de largas carreras de cotización.
• Da tres meses al Gobierno para proponer una respuesta ante efectos “inequitativos” de estas penalizaciones.
• Necesidad de contar con un objetivo que defina la suficiencia de las pensiones.

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES

• Preferencia por los planes a partir de la negociación colectiva, prioritariamente sin ánimo de lucro.
• Pide mejoras fiscales y jurídicas para estos sistemas y fórmulas específicas de apoyo a salarios más bajos o carreras profesionales “más vulnerables”.
• Más transparencia en los planes de ahorro para evitar rendimientos negativos y necesidad de regular “fórmulas más intensas de protección de los ahorros invertidos”.

BRECHA DE GÉNERO

• Garantizar la igualdad en el acceso al empleo, las condiciones de trabajo y la corresponsabilidad en los cuidados, particularmente en los permisos.
• Introducir correcciones contra las lagunas de cotización involuntarias y tratamientos discriminatorios en las pensiones de personas trabajadoras a tiempo parcial.
• Retomar la regla por la que los excedentes de las cotizaciones, “sin límite alguno”, se deben incorporar al Fondo de Reserva.

FONDO DE RESERVA

• La caída de activos del Fondo de Reserva “en ningún caso se utilizará” para justificar la reducción de la cuantía de las prestaciones.
• Plantea la conveniencia de establecer un remanente mínimo, sujeto a una regla endurecida de disponibilidad.
• En la línea de corregir “una excesiva dependencia de las cotizaciones”, si la revolución tecnológica implica más productividad pero no empleo, “encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales”.

JÓVENES

• Impulso a las políticas que faciliten la transición del sistema educativo al mercado de trabajo, especialmente con el impulso a la formación profesional y la interrelación universidad-empresa.
• Mejora del marco de relaciones laborales que permita combatir la precariedad de los jóvenes.
• Garantizar y mejorar la protección social de los becarios con una legislación que mejore su protección social y garantice su derecho a una carrera profesional “adecuada y justa”.

MIGRANTES

• La Administración intensificará su deber de cuidado para evitar el racismo o la discriminación en el ámbito laboral, dada la mayor vulnerabilidad de las personas migrantes.
• Canalizar el flujo de migraciones a través de mecanismos que garanticen la incorporación de los migrantes al mercado de trabajo.
• Facilitar la gestión de los trámites de contratación, afiliación e integración en el sistema.
• Favorecer la integración social de los trabajadores migrantes y la de sus familias.