Los presidentes de ATA, Unespa e Inverco, Lorenzo Amor, Pilar Gonzalez de Frutos y Ángel Martinez-Aldama
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y las asociaciones representativas de la previsión social complementaria, Inverco y Unespa, defienden el mantenimiento o la mejora del tratamiento actual de los instrumentos de ahorro individuales de previsión social complementaria, en lugar de los recortes previstos.
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 rebaja de 8.000 a 2.000 euros los límites anuales de aportación a sistemas de previsión social individuales y del cónyuge, lo que a su juicio “afectará negativamente al conjunto de la ciudadanía y, en especial, a los trabajadores autónomos”.
A su parecer, debe permitirse a los trabajadores, especialmente aquellos que trabajan por cuenta propia, recuperar su capacidad de ahorro para la jubilación en los años en los que tienen estabilidad en sus ingresos para compensar otros periodos en que los reducen por las crisis económicas.
Por ello, las asociaciones consideran que “la encomiable intención” del Gobierno de impulsar la previsión social complementaria en el ámbito empresarial “no debe realizarse a costa del ahorro que destinan por su cuenta los particulares a reforzar su futura pensión”.
En este sentido, han recordado que en España hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi 1 millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados por la medida.
Así, señalan que el establecimiento de diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social, relegando a los sistemas individuales que tendrían un límite inferior, es “discriminatorio” para la gran mayoría de la población ocupada española.
Afectaría especialmente a las 3,2 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social; así como a los empleados de las pymes, en las que el ahorro colectivo apenas está presente.
Las tres asociaciones defienden que el sistema individual es “necesario e imprescindible” para todos aquellos que, como los autónomos, no puedan acceder al sistema de empleo por no estar las reformas desarrolladas.
Asimismo, prevén que la reforma que propone el Gobierno puede tener “efectos indeseados” por la cuantía insuficiente de ahorro que se podría acumular dentro del sistema individual bajo los nuevos parámetros.
A razón de 2.000 euros por año, un autónomo podría acumular 80.000 euros si ahorra sistemáticamente durante 40 años de trayectoria profesional, más la rentabilidad que obtuviera este dinero.
Si se prorratea este importe durante los 20 años de esperanza de vida que restan una vez alcanzada la edad de jubilación, el resultado es una cuantía media mensual “insuficiente” para complementar la pensión pública de un trabajador autónomo y garantizarle unos ingresos totales adecuados.
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