El gobierno anunció esta semana un cambio en el sistema eléctrico a través de la creación de un nuevo fondo de sostenibilidad que afectará principalmente a las empresas de energía, pero que también podría tener un impacto en los bolsillos de los consumidores. El ejecutivo planea eliminar de la factura de la luz los costos fijos asociados a las energías renovables para reducir las facturas domésticas en al menos un 13% durante los próximos cinco años. Lo hará con la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) a través de un proyecto de ley que fue aprobado para su tramitación en el Consejo de Ministros este martes, que traspasará estos costos a las empresas del sector. ¿Pero realmente se materializará esta caída en la factura final? Según los expertos, la respuesta es que depende de cómo se aplique este recorte por parte de las empresas energéticas y, definitivamente, en los próximos cinco años tras su aprobación.
Este proyecto prevé que los costes de financiación del sistema de retribución específica de las energías renovables, combinación calor y electricidad y residuos (RECORE), que asciende a unos 7. 000 millones de euros anuales, dejarán de formar parte de la factura de la luz. y de La UE recibe contribuciones de todos los proveedores de energía (comerciantes de electricidad, gas y petróleo) en función de sus ventas. Anteriormente, esta cifra representaba alrededor del 16% de la factura de la luz en los hogares y corría a cargo de los consumidores, tanto de hogares como de empresas. Según el Ministerio de Cambio Ecológico el efecto se hará sentir a partir del primer trimestre posterior a la entrada en vigencia del fondo.
El precio dependerá de las comercializadoras
Los expertos acogen con satisfacción la “intención” del gobierno de aliviar la carga del consumidor en tiempos como el actual, pero piden vigilancia. ‘La factura de la luz tiene unos costes fijos muy elevados, en parte debido a las primas de las energías renovables, por lo que la medida, si se cumple la previsión, ayudará al consumidor de electricidad, porque ese coste correrá a cargo de las comercializadoras de energía. ‘dice Pablo Sanz, catedrático de derecho mercantil de la Universidad Pontificia de Comillas/ICADE. ‘La creación del fondo busca que la transición energética no recaiga tanto en los bolsillos del consumidor de electricidad sino en el sector energético, y no solo en las eléctricas, sino también en las petroleras y gasistas”, explica Sanz. Pero nos invita a ver cómo se materializa el proyecto. “Es posible que el precio final no cambie y no se cumpla la estimación del gobierno, que también es de 5 años“, prevé.
Por ello, el experto llama la atención sobre la estructura del mercado energético español y los volúmenes de venta de cada sector (electricidad, petróleo y gas), para hacerse una idea de las posibles consecuencias de esta medida. El problema detrás del Fondo anunciado es si el costo fijo será asumido por las empresas (improbable) o si decidirán traspasarlo a los consumidores a través de cobros por otros servicios. Como resultado, incluso si la factura de la luz puede disminuir levemente o no subir como se esperaba. Todo indica que las empresas energéticas fácilmente podrían traspasar este costo de otra manera, principalmente el sector de petróleo y gas, que son las principales víctimas de esta medida ”, dice. “Es posible que terminen subiendo el precio de la gasolina“, dice Sanz, quien señala que en la incomprensible factura de la luz hay otros costos que podrían reducirse, como los impuestos. “El precio que hemos pagado a lo largo de los años ha sido totalmente artificial“, subraya.
El Ministerio defiende que evitaría una subida del 10% en el precio
La ministra Teresa Ribera indicó que la creación del fondo de sostenibilidad tiene el triple objetivo de “evitar aumentos en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y brindar certeza, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita la movilización de inversiones necesarias en los próximos años Según el Ministerio, si no se modifica el sistema actual, la ley vigente obliga a ajustar automáticamente al alza la parte regulada de la factura de la luz, que en Noviembre era la más cara en lo que va de 2020, con un coste medio de 68 , 50 euros por familia, según la asociación de consumidores FACUA.
Con las previsiones actuales, esto significaría un incremento de entre un 10% y un 15% de la porción regulada de la factura, lo que llevaría a un incremento medio de la factura de alrededor del 6,5% anual, calcula el Ministerio. Así, con la creación de este fondo, el gobierno busca equilibrar el sistema sin aumentar los cargos fijos ni aumentar su deuda, al tiempo que anticipa respuestas para brindar seguridad a las inversiones en el campo de las energías renovables. Entre las incógnitas, también queda en el aire cómo se producirá el ajuste de estos costos en la tarifa PVPC, en base a lo cual se solicita el bono social para los consumidores con menores ingresos.
¿Qué pasará con los consumidores vulnerables?
El Ministerio de Transición Energética defiende que el impacto del nuevo sistema propuesto será socialmente progresivo en el contexto de la actual pandemia: beneficiará especialmente a los hogares más vulnerables, expuestos a la pobreza energética y que normalmente consumen más electricidad. en proporción a sus ingresos y consumo de energía, de modo que los menores precios de la electricidad los beneficien más. ‘Es posible que esta medida baje el umbral de acceso al bono social de la energía eléctrica, que fija niveles máximos durante la pandemia, pero habrá que esperar a ver el plan con más detalle”, explica Pablo Sanz.
Según el gobierno, la reducción de los costos fijos de la factura eléctrica se complementará con otras medidas de lucha contra la pobreza energética, como el enlace multienergético que el gobierno concluye en aplicación de la Estrategia Nacional de Combate a la Pobreza. Energía 2019-2024, que tiene como objetivo cubrir los diferentes consumos energéticos de familias vulnerables. Sin embargo, el PSOE y Unidas Podemos han mostrado diferencias en los últimos días en cuanto a la necesidad de prohibir los recortes de suministro para quienes no pueden pagar la factura, defendido por federaciones como la Alianza Contra la Pobreza Energética.
La patronal eléctrica, a favor del cambio
Por su parte, sorprende que la Asociación de Empresas Eléctricas de la que pertenecen Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Viesgo-, haya valorado positivamente el inicio del anteproyecto de transformación, un sector que se opone a los cambios regulatorios. “Esta propuesta da consistencia al proceso de descarbonatación y estimula el proceso de transición energética”, subrayan desde Aelec. Uno de los aspectos reiteradamente enfatizados por el sector eléctrico ha sido “la falta de consistencia, porque los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tienen un impacto exclusivo en el consumidor de electricidad” y acoge con satisfacción el hecho de que el coste también se comparta con otras empresas energéticas, como las empresas de petróleo y gas.
“Al financiar los costes adicionales de las energías renovables, la cogeneración y los residuos exclusivamente a través de la factura de la luz, se ha penalizado el principal vector energético de descarbonización: la electricidad”, afirman. Con el panorama aún existente en función de los volúmenes de venta, el sector que más debería aportar a este fondo sería la industria del petróleo, con un 43% (unos 3. 000 millones de euros); seguida de la electricidad con un 31% (algo más de 2. 000 millones de euros) y el gas con un 25% (alrededor de 1. 700 millones de euros). Sin embargo, fuentes del ministerio destacaron que no se debe hacer un análisis sobre una foto fija, ya que lo que se quiere es “dar señales y los sectores responderán a las señales“.
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