Excepto en Navarra y País Vasco, la legislación obliga a dejar un tercio de la herencia a los hijos
Podemos decir que la gota que colmó el vaso fue la llegada del Covid-19. Los padres, madres y abuelos que no han hablado con sus hijos en años han visto cómo la situación pandémica los anima a iniciar trámites para desheredarlos. Y es que el virus reveló la triste realidad de la soledad y las deficiencias emocionales que padecen muchos de nuestros mayores, que se sienten abandonados. El problema es que, en la mayoría de comunidades autónomas, los hijos tienen derecho a recibir al menos un tercio de la herencia, lo que se conoce como ‘los legítimos’ y la falta de contacto con ellos no se considera causa suficiente para desheredarlos.
Desde que la pandemia se instaló en nuestras vidas, se ha incrementado el tiempo para iniciar los trámites de desheredación de menores, incluso después del parto, según varios notarios consultados. La dura realidad hizo que muchos ancianos decidieran dar el paso al ver que sus hijos aún no se interesaban por ellos. En muchos casos, esta falta de contacto es el resultado de conflictos familiares que se han agravado con el tiempo, como en los divorcios donde los niños se ponen del lado de uno de los padres y dejan de hablar con el otro (muchas veces el padre).
Un proceso complejo
Pero una riña o disputa no es suficiente para iniciar un proceso de desheredación; según nuestro código civil, debe cumplirse al menos una de estas dos excepciones incluidas en la ley para dejar a nuestros descendientes sin herencia:
- Ser víctimas de maltrato físico..
- Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al progenitor o ascendiente que quiere desheredarlo.
Sin embargo, en esta materia es necesario tomar en cuenta las últimas sentencias del Tribunal Supremo, que establecieron que el maltrato psicológico de los padres, que puede entenderse como desprecio y abandono, permite la desheredación de los hijos, asimilándolo al abuso del trabajo.
En cualquier caso, las dificultades para probar las causas de la desheredación hacen que el procedimiento judicial sea demasiado complejo y muchas veces corto. Es entonces cuando muchas de estas personas mayores acaban recurriendo a métodos más prácticos, como gastar los ahorros que tienen o registrarse en Navarra o el País Vasco, las dos comunidades que no reconocen el derecho a la legitimidad y donde pueden asegurarse de que va su dinero. totalmente a los beneficiarios de su elección.
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