El nuevo periodo de cálculo propuesto por el Ministerio de Seguridad Social rebajará los ingresos de los futuros pensionistas
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha propuesto reformar las condiciones de acceso a la jubilación buscando disminuir los gastos futuros del sistema. Y es que durante las próximas tres décadas el número de pensiones va a continuar creciendo hasta ubicarse en torno a los 15 o 16 millones y, en paralelo, nos exponemos a que el número de ocupados se ubique, por el declive demográfico, en otros 15-16 millones, de modo que la ratio trabajadores/pensionistas pasaría del actual 2:1 a 1:1.
Así las cosas, además de retrasar la edad efectiva de jubilación, Escrivá plantea elevar el periodo de cálculo de la pensión para los futuros jubilados desde los últimos 25 años de vida laboral a los últimos 35. Y dado que los primeros años de vida laboral en un mercado tan dualizado como el español suelen implicar contratos temporales, precarios y con bajos salarios, extender el periodo de cálculo supondrá recortes de las nuevas pensiones futuras. Por consiguiente, el ministro de Seguridad Social del Gobierno PSOE-Podemos está reconociendo lo que durante tanto tiempo se nos había negado: que el sistema tal cual está configurado en la actualidad es insostenible. Un reconocimiento que supone una enmienda contra dos mensajes propagandísticos que se han repetido hasta la saciedad desde este Gobierno y sus aledaños.
Primero, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias nos vendieron que la negociación de los fondos europeos había sido un rotundo éxito porque íbamos a recibir 140.000 millones de euros a cambio de nada, esto es, que no habría condicionalidad alguna (a lo sumo, el líder de Podemos habló de una «condicionalidad blanda»). Pero si estamos aprobando deprisa y corriendo –incluso con fuertes disensos dentro del Ejecutivo– esta reforma de las pensiones es porque Bruselas nos exige poner en orden nuestro sistema de Seguridad Social antes de desembolsar las ayudas. Como ya advertimos algunos en su momento, una de las principales peticiones de la Comisión iba a consistir en reformar el sistema de pensiones español. Pues bien: ahí lo tienen. Nos mintieron cuando negaron la condicionalidad.
Segundo, durante años, algunos grupos sociales partidarios del Gobierno de coalición, como las mareas de jubilados que inundaron las calles de España, estuvieron reclamando que las pensiones se reindexaran al IPC (después de que Rajoy las desindexara en 2013 para ir disminuyendo el agujero de la Seguridad Social). Esos grupos nos aseguraban que era perfectamente viable volver a vincular sus ingresos a la inflación, de manera que no perdieran poder adquisitivo con el paso del tiempo (incluso nos aseguraban que era posible aumentar las pensiones mínimas hasta 1.080 euros mensuales en catorce pagas). Y claro que podían volver a vincularse las pensiones al IPC, pero sólo a costa de recortar otros gastos del sistema. Precisamente eso es lo que ha sucedido con este Gobierno: ha vuelto a indexar las pensiones a la inflación y, para compensar el boquete financiero resultante, está teniendo ahora que impulsar otro ajuste distinto (el alargamiento del periodo de cálculo). La diferencia es que este reequilibrio del sistema de pensiones se efectuará exclusivamente a costa de las generaciones futuras, en lugar de distribuir su carga entre los pensionistas presentes y los futuros. Esta era la famosa solidaridad intergeneracional de las mareas de pensionistas: «No me toques mi pensión, recorta la pensiones que recibirán mis hijos o mis nietos». En definitiva, que sí hacían falta ajustes y, por suerte, los hombres de negro de Bruselas nos los van a imponer teletrabajando. Mejor eso que provocar la quiebra de la Seguridad Social.
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