El Centro de Mayores de Santa Ana de La Roda de Andalucía (Sevilla) acogió este miércoles una serie de vacunaciones Covid entre sus usuarios y personal, siendo una de las “primeras” de toda Andalucía en la Campaña de Vacunación, según indicó el alcalde, Juan Jiménez. También fue uno de los primeros en España en los que dos usuarios del centro no fueron vacunados “por decisión de sus familiares“, asunto que podría ser objeto de una investigación judicial.
En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde de La Roda de Andalucía afirmó que el citado centro de personas mayores recibió 45 dosis de la vacuna contra el virus, tanto para los vecinos de esta residencia municipal como para su personal sanitario. El alcalde argumentó que la palabra que define la vacuna es “esperanza” porque significa “la luz al final del túnel” para acabar con los efectos del virus en términos de mortalidad y “con el tiempo, la normalidad“.
La Fiscalía investigará el asunto
La sección de la Fiscalía de Sevilla, especializada en la protección de las personas mayores y discapacitadas, atiende el primer caso de un ciudadano que, por cuenta de su padre, dada su situación, residente en un establecimiento sanitario de la provincia, se negó a ser atendido la vacuna, según Norberto Sotomayor, fiscal adjunto del asunto. A través del trámite iniciado, según aclara el Ministerio Público, se aclarará si, gracias a la primacía de la salud de las personas mayores, el Ministerio Público solicita la emisión de una orden judicial que ordene la administración de la vacuna a esa persona.
Al mismo tiempo, Sotomayor señaló que los tutores legales de las personas mayores discapacitadas que se niegan a permitir que sus familiares sean vacunados contra el coronavirus corren el riesgo de perder la tutela. Esto ocurrirá si un juez, con criterio sanitario, considera obligatoria la vacunación.
“Cuando el familiar, el amigo cercano o, en caso de abandono, el director del centro se niega a permitir que el paciente sea vacunado existe la Ley de Autonomía del Paciente. Si esta decisión no es correcta, se interviene judicialmente y se obliga a vacunar, pero es necesario analizar caso por caso con la orientación de los médicos que atienden a la persona y el médico forense que lleva el Ministerio Público ”.
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